Reino Unido lidera la ofensiva para descafeinar la nueva norma comunitaria de protección de datos

La actitud de Londres y sus aliados --que ha logrado frustrar el  intento de la presidencia irlandesa de alcanzar un acuerdo político  sobre los principales aspectos del nuevo reglamento-- ha enfurecido a  la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane  Reding.

"Hay algunos colegas a los que no les gusta que se pongan en  práctica los derechos de los ciudadanos", ha criticado Reding en  rueda de prensa tras el Consejo de Justicia. Y ha atacado la petición  de algunos países de tomarse más tiempo para negociar, alegando que  la norma lleva ya negociándose 18 meses, mientras que las reglas para  retener datos sobre los ciudadanos para combatir delitos graves se  aprobaron en 6 meses.

"Parece que no nos cuesta nada de tiempo eliminar derechos pero  necesitamos mucho tiempo para establecer derechos. Yo no estoy de  acuerdo con esto", ha dicho la comisaria de Justicia.

Durante el debate público, el secretario de Estado de Justicia  británico, Chris Grayling, ha rechazado expresamente la propuesta de  compromiso de la presidencia irlandesa alegando que "necesita mucho  más trabajo" y que "quedan muchas cuestiones pendientes". La nueva  norma "impondrá cargas adicionales significativas a las empresas", ha  sostenido el representante británico, lo que se traducirá en una  pérdida de competitividad a escala mundial.

Por este motivo, Grayling ha reclamado a la Comisión un nuevo  análisis del impacto económico del reglamento, una petición secundada  por otros países como Holanda o Bélgica. Alemania y Francia no han  sido tan duros en sus críticas a la propuesta irlandesa, pero también  han defendido seguir negociando.

Además, Reino Unido, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia,  Hungría, Suecia y Eslovenia mantienen su oposición a que las nuevas  normas de protección de datos se plasmen en un reglamento de directa  aplicación en toda la UE y reclaman en su lugar una directiva que  permita a los Estados miembros más flexibilidad.

En el caso de España, el ministro de Justicia, Alberto  Ruiz-Gallardón, ha defendido la nueva norma pero ha reclamado también  que se limiten al máximo las cargas burocráticas adicionales a las  empresas.

El reglamento, ha sostenido Gallardón, es un "paso verdaderamente  positivo" para que los ciudadanos tengan la "garantía de que los  nuevos sistemas informáticos, el avance de las tecnologías, no van a  significar una vulneración de nuestra intimidad" y de que "sin la  autorización de los ciudadanos no se van a poder utilizar todos sus  datos personales para ningún tipo de actividad económica".

Al término del debate, el ministro irlandés de Justicia, Alan  Shatter, ha sostenido en que todos los ministros coinciden en que "la  protección para los ciudadanos no debe ser inferior a la que existe  actualmente, e incluso salir reforzada". Pero ha admitido que existen  "reservas" y que se necesita "más trabajo", lo que hará imposible que  la norma se apruebe bajo presidencia irlandesa. 

La propuesta de compromiso que Dublín había puesto sobre la mesa  diluía ya algunos de los principales aspectos del nuevo reglamento en  un intento de ganarse el apoyo de todos los ministros. En particular,  la presidencia ha suprimido la exigencia de consentimiento  "explícito" para que compañías como Google o Facebook guarden los  datos de sus clientes y lo ha sustituido por el más ambiguo  consentimiento "inequívoco".

"Quedarse callado no es lo mismo que decir que sí", ha criticado  la vicepresidenta Reding, que ha sido secundada por otras  delegaciones como Francia. No obstante, Reding apoyaba el plan  irlandés por considerar que no rebasa su "línea roja": "garantizar  que la protección no sea inferior a la actual".