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Bruselas pide endurecer los controles sobre las apuestas en Internet

La Comisión Europea ha pedido este lunes a los Estados miembros  que endurezcan los controles sobre las apuestas en Internet y sus  actividades de publicidad y patrocinio con el fin de mejorar la  protección de los jugadores y en particular de los niños. No  obstante, Bruselas renuncia a legislar sobre los servicios de juego  en Internet y se limita a dirigir una recomendación no vinculante  para que sean los Gobiernos nacionales los que actúen.

Cibersur.com | 14/07/2014 14:43
En 2012, los ingresos por apuestas en Internet en la UE  ascendieron a 10.540 millones de euros -con 6,84 millones de  usuarios- y se espera que esta cifra siga aumentando hasta 13.000  millones en 2015. Para la mayoría de los ciudadanos de la UE que  participan en juegos en línea, se trata de una actividad recreativa.  Pero se estima que entre el 0,1 % y el 0,8 % de la población adulta  en general sufre un trastorno asociado a los juegos de azar, y entre  un 0,1 % y un 2,2 % adicional muestra una relación con el juego  potencialmente problemática, según los datos de Bruselas.

El objetivo de la recomendación de Bruselas es "preservar la salud  y minimizar los posibles daños económicos que puedan derivarse de una  participación compulsiva u obsesiva en juegos de azar". "Debemos  proteger mejor a todos los ciudadanos, en particular a los niños,  frente a los riesgos que entrañan los juegos de azar. Nos dirigimos  ahora a los Estados miembros, pero también a los operadores de juegos  de azar, para lograr un elevado nivel de protección del consumidor en  toda la UE en este sector digital que experimenta un rápido  crecimiento", ha dicho el comisario de Mercado Interior, Michel  Barnier, en un comunicado.

Para ello, la recomendación establece una serie de principios que  se pide a los Estados miembros que integren en sus legislaciones  nacionales sobre los juegos de azar. En primer lugar, los sitios web  dedicados a los juegos de azar deberán incluir información básica  sobre los riesgos que conllevan y tendrán que hacer una comunicación  comercial (publicidad y patrocino) "responsable" y "transparente".  Por ejemplo, no deben hacerse declaraciones infundadas sobre las  probabilidades de ganar, ni debe ejercerse presión para que se juegue  o sugerirse que el juego resuelve los problemas sociales,  profesionales, personales o financieros.

Los países de la UE deben garantizar que los menores no puedan  apostar en Internet y que existan normas que limiten al máximo su  contacto con los juegos de azar y también con la publicidad o el  patrocinio de este tipo de servicios.

Bruselas reclama que haya un proceso de registro para abrir una  cuenta de usuario en un sitio web dedicado a los juegos de azar, de  modo que los consumidores deban facilitar información sobre su  identidad y edad a efectos de que los operadores efectúen  verificaciones. Ello debe permitir también a los operadores, según la  Comisión, hacer un seguimiento del comportamiento del jugador, y dar  la voz de alarma si fuera necesario.

Asimismo, los operadores tendrán que facilitar herramientas de  apoyo a los jugadores para mantener el juego bajo control, por  ejemplo mediante la posibilidad de fijar límites de gasto durante el  proceso de registro, de recibir alertas de información sobre pérdidas  y ganancias mientras se juega, y de tomarse un tiempo muerto.

El Ejecutivo comunitario reclama poner en marcha teléfonos de  ayuda para los jugadores y facilitar que estos puedan excluirse  fácilmente de los sitios web de juegos de azar. Los Estados miembros  deben velar por que los empleados de los operadores de apuestas que  interactúen con los jugadores reciban una formación que les permita  comprender los problemas que conlleva el juego y comunicarse  adecuadamente con esos jugadores.

Finalmente, Bruselas pide a los Gobiernos que realicen campañas de  sensibilización con respecto a los juegos de azar y los riesgos  conexos, y recaben datos sobre la apertura y el cierre de cuentas de  usuario, y sobre la vulneración de las normas aplicables a la  comunicación comercial. Además, los Estados miembros deben designar a  autoridades reguladoras competentes que ayuden a garantizar, de forma  independiente, un seguimiento efectivo del cumplimiento de la  recomendación.


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