La mitad de los cargos políticos sufre campañas negativas en Internet

De 3.000 políticos con algún cargo relevante (los 1.268 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 139 responsables de cabildos insulares, las 50 principales alcaldías y 500 cargos públicos entre gobierno central y autonómicos), se calcula que uno de cada dos tiene al menos un contenido perjudicial indexado en el top 10 de Google.

Se trata de vídeos publicados en Youtube, correos que aluden al origen o pasado de determinados líderes, las llamadas 'memes' que se hacen virales en WhatsApp, montajes fotográficos o vídeos de candidatos tropezando o exhibiendo algún tipo de carencia personal, académica o cultural.

Según explica Francisco Canals, periodista y director de Identidad Política.com, Internet tiene cada vez más capacidad para hablar de los personajes públicos les guste o no lo que se publique, y los 250 algoritmos de Google rastrean la información aplicando criterios como el de la variedad, la antigüedad o la popularidad, pero no la veracidad.

Este tipo de ataques son fruto de la actual Sociedad de la Información y del clima de crispación política que se vive en España, y el fenómeno se intensifica cuando se acerca una campaña electoral.

Se considera que los ataques reputacionales en política tienen su origen en Estados Unidos y ya en 1828 el demócrata Andrew Jackson y su rival político Quincy Adams protagonizaron una lucha desmedida por el poder. Desde esa época hurgar en el pasado de candidatos, buscar infidelidades, escándalos sexuales o facturas sin pagar se ha convertido en una tradición por parte de lobbies y detractores políticos.

En España citan como precedente el vídeo del Doberman que el PSOE lanzó contra el PP de José María Aznar y desde entonces los partidos no han dudado en publicar vídeos destinados a recopilar los aspectos más negativos de los candidatos; en ellos se difunden lapsus, tropiezos, declaraciones desafortunadas o supuestos vínculos con actividades ilícitas.

En paralelo, proliferan empresas especializadas en la lucha contra estas malas prácticas y contrarestar foros o vídeos que exhiben el pasado oscuro de candidatos. Se ocupan de intermediar ante los proveedores y portales de Internet para lograr la eliminación de contenidos perjudiciales, para dar de baja perfiles clonados o falsificados o para cerrar sitios web donde se publican delitos contra el honor.