De este modo se establece un marco legal "claro, robusto y tecnológicamente legal" para proteger las transacciones 'on line' y evitar las lagunas legales entre estados miembro que aprovechan los grupos criminales.
Con las normas revisadas se quiere suprimir los obstáculos existentes a nivel operacional que dificultan las investigaciones y procesamientos judiciales, además de fomentar la concienciación ciudadana sobre técnicas fraudulentas como el 'phishing' o 'skimming'.
La directiva engloba tanto los fraudes a través de métodos de pago tradicionales --tarjetas de crédito o cheques-- como las nuevas modalidades de pago en línea que han surgido en los últimos años, principalmente las transacciones a través del teléfono móvil y las realizadas con criptomonedas como el popular bitcoin.
La reforma necesita aún el visto bueno formal del Consejo y de la Eurocámara para ser efectiva, unos trámites que las instituciones de la UE esperan cumplir antes de que concluya la actual legislatura el próximo mayo.
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