Bruselas adopta nuevas normas para desarrollar los servicios de pagos electrónicos

La directiva deroga la anterior en vigor sobre servicios de pago, que sentaba la base jurídica de la creación de un mercado único de pagos en toda la UE.

La directiva reformada adapta así las normas a los servicios de pago emergentes e innovadores, incluidos los pagos por internet y dispositivos móviles.

Establece un conjunto general de normas con el fin de garantizar un entorno más seguro para los pagos, en particular para quienes utilizan medios a distancia.

La directiva crea también un marco más armonizado y eficaz para la supervisión por parte de las autoridades nacionales competentes.

Desde la adopción, en 2007, de la directiva de pagos original, han evolucionado los métodos innovadores de iniciación de pagos en el ámbito del comercio electrónico.

Habitualmente disponen un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del banco del ordenante, con el fin de iniciar pagos por transferencia a través de internet.

Estos servicios, que ahora están cubiertos en el proyecto de directiva, permiten al proveedor del servicio de iniciación de pagos (que nunca entra en posesión de los fondos del usuario) asegurar al beneficiario que los fondos necesarios para una operación de pago determinada están disponibles en la cuenta y que se ha iniciado el pago.

También se dispone un régimen reglamentario que cubre las actividades de los servicios de información sobre las cuentas.

Estos servicios facilitan al usuario del servicio de pagos, por ejemplo, información agregada en línea sobre una o varias cuentas de pago mantenidas en uno o más proveedores de servicios de pago.

Ello permite al usuario del servicio de pago disponer de una visión global de su estado financiero en cualquier momento.

Al mismo tiempo, la directiva fomenta el refuerzo de las medidas de seguridad para los pagos por internet y el uso de los servicios prestados por los nuevos agentes del mercado arriba citados.

La nueva directiva garantizará un procedimiento de autenticidad reforzado para identificar al cliente en cada transacción.

El nuevo régimen de supervisión reforzada incrementará aún más el nivel de seguridad y de protección del consumidor en este ámbito.

Los Estados miembros tendrán dos años para trasponer la directiva en sus respectivas legislaciones y regulaciones nacionales.