La Defensora del Pueblo pide que sea obligatoria la identificación de los menores en Internet

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en el Congreso de los  Diputados ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con  el Defensor del pueblo donde, entre otros puntos, ha expuesto el  informe 'Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los  ciudadanos', que fue remitido a las Cortes Generales el pasado mes de  julio.

Aunque ve un interés por parte de los ministerios competentes y de  las fuerzas de seguridad especializadas en la persecución de los  delitos relacionados con los menores en la Red, Becerril insiste en  que es necesario reforzar las actuaciones y estar "enormemente  vigilantes" sobre este asunto, tanto padres como profesores. "A  nosotros nos llegan quejas y denuncias de familias y padres  enormemente preocupados por estas actuaciones", ha apostillado.  

En este trabajo, la Defensoría estudia las satisfacciones de  ciudadanos al utilizar los servicios de telecomunicaciones y con ello  realiza recomendaciones y sugerencias al respecto.

La Defensora alerta de que las desigualdades geográficas,  sociales y económicas tienen su reflejo en esta materia, como por  ejemplo, las dificultades que tienen algunas zonas para obtener la  instalación de la telefonía fija, áreas sin cobertura de telefonía  móvil y con escasa penetración de la banda ancha.

Así, en materia de telefonía fija, Becerril destaca que los  principales problemas de estos servicios afectan a las personas más  mayores o con alguna dependencia, personas que viven en zonas más  aisladas o zonas rurales y que necesitan un teléfono y un sistema de  alarmas y teleasistencia.

"Creemos que es muy importante agilizar los plazos para el  establecimiento de líneas allí donde no las hay todavía y la  adaptación de manera automática del abono social a las variaciones  pensiones", ha subrayado.

En cuanto a la telefonía móvil, la Defensora cree que hay que  insistir en garantizar los derechos de los usuarios e instar y velar  porque los operadores se ciñan a las ofertas que realizan y no haya  una publicidad engañosa, es decir, que al final los ciudadanos  conozcan el coste de los servicios que contratan, y el darse de baja  de esos servicios.

Sobre el cambio de una compañía, el trabajo recomienda que la baja  sea efectiva desde el momento de la solicitud. En cuanto a las  penalizaciones, Becerril considera que hay que establecer una  proporción cuando un usuario se da de baja antes de terminar el  contrato, ya que pueden darse "cláusulas abusivas". Recuerda también  que las compañías telefónicas deben respetar la negativa de los  usuarios a recibir llamadas publicitarias.

Este estudio recuerda a los consumidores que todos los móviles,  aunque los 'regalen', cuentan con una garantía a la que tiene derecho  el usuario. Propone también que en la formalización de las  contraofertas, después de que un usuario haya anunciado que quiere  marcharse de la compañía telefónica, y ésta le haga una oferta, el   cliente cuente con toda la información necesaria y, para formalizar  el acuerdo, tenga que remitir la copia firmada a la compañía o  responda al correo electrónico manifestando su conformidad.  

Protección de Datos
En materia de protección de datos, el estudio plantea también que  las compañías informen al receptor en las llamadas publicitarias  sobre su derecho a conocer la fuente que ha facilitado sus datos.  También, que las páginas web incluyan una sección en la que los  interesados puedan ejercer el control sobre sus datos.

Becerril ha lamentado en su exposición que existen procedimientos  abusivos como en la persecución de deudas que se hacen a veces de  forma intimidatoria. "La persecución tiene que velar por evitar estos  comportamientos abusivos y poner vías a los ciudadanos para que  puedan denunciar estas vías abusivas y sancionar cuando se comprueba  que ha habido un abuso", ha remarcado.

En relación con Internet, se efectúa una recomendación para que se  extienda la banda ancha y se aumente la velocidad mínima en toda  España.