Argentina aprueba la ley que regula el complejo sector de las telecomunicaciones

Tras un extenso debate parlamentario, la Cámara Baja aprobó de madrugada el proyecto "Argentina Digital" con 131 votos a favor y 97 en contra.

El oficialismo argumenta que la iniciativa, que reemplaza a una ley de 1972, propiciará una mejora del servicio y una reducción de precios, pero los críticos advierten que los principales beneficiados serán las firmas de telecomunicaciones, que hasta ahora no podían ofrecer televisión por cable.

"No hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones", dijo el diputado del Frente para la Victoria Mario Oporto, quien aseguró que estas son "de interés público" y "deben ser un derecho humano".

La nueva norma "protege a las pymes (pequeñas y medianas empresas), a las mutuales y a las cooperativas en condiciones de igualdad", agregó Oporto, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática.

El proyecto Argentina Digital establece que las empresas deben alquilar sus redes a precios fijados por el Estado, lo que permitirá a compañías que no tienen una amplia infraestructura ofrecer múltiples servicios.

Sin embargo, la oposición objetó que las nuevas reglas del juego favorecerán a los grandes actores del mercado.

La ley "conlleva la concentración y extranjerización de la comunicación audiovisual" y "no impide que las grandes multinacionales tiendan a avasallar a las pymes y cooperativas argentinas para eliminar la competencia", criticó el diputado radical Miguel Giubergia.

"Permite negocios millonarios para los amigos y se erige como juez y parte, por un lado, y como regulador y controlador de las reglas del juego de las telecomunicaciones, por el otro", añadió.

"En vez de defender los intereses de los usuarios y limitar las prácticas abusivas de las empresas, es una iniciativa pensada para garantizar y extender el negocio de las (compañías) telefónicas, consolidando aún más su posición dominante", opinó el diputado socialista Roy Cortina.

El proyecto contempla como un servicio público a la telefonía fija, lo que permite al Estado la regulación de las tarifas, pero no así a la telefonía móvil.