ASIMELEC no cree que la subida del IVA repercuta en los productos TIC

“El efecto será más psicológico que real”, explicó Martín Pérez, presidente de ASIMELEC, “ya que la propia deriva deflacionista de los productos de electrónica de consumo, que van recortando sus precios sistemáticamente por la dinámica del mercado, absorberá el incremento impositivo antes de que los consumidores lo puedan notar”.
 
El presidente admitió, no obstante, que el anuncio de la subida del IVA puede provocar que los ciudadanos adelanten sus compras al primer semestre y mostró su preocupación por cómo perciban los consumidores los efectos de esta medida.
 
Según la medida decretada por el Gobierno, el próximo mes de julio subirá el IVA del 16% al 18% en el tipo general y del 7% al 8% en el reducido). Las consecuencias sobre la inflación y la recaudación (se prevé ingresar 1.900 millones más el próximo año) son una incógnita.

"Satisfechos" con el expediente abierto a España

Por otro lado, la patronal ha acogido "con satisfacción" la apertura de un segundo expediente de la CE a España por la tasa que impuso a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) y compensar así la supresión de la publicidad.

Según Martín Pérez, “la apertura de este segundo expediente confirma la opinión del Sector de que la imposición de esta tasa es incompatible con las normas de la Unión Europea. Perjudica al desarrollo de la Sociedad de la Información y puede afectar a las inversiones en nuevas redes y servicios. Esta tasa penaliza gravemente a un sector que crea riqueza y empleo para el país y que es fundamental para el desarrollo económico y el cambio de modelo que España necesita”.
 
Según las normas europeas, las tasas que se cobran a los operadores de telecomunica­ciones sólo pueden sufragar costes administrativos y de regulación como por ejemplo, autorizaciones, mantenimiento del regulador, etc., y deben ser objetivas y proporcionadas. En el caso de la tasa que impone la Ley de Financiación de RTVE, con el 0,9% del total de su facturación, las empresas de telecomunicaciones tienen que hacer frente a casi un tercio del presupuesto del ente público, para paliar el fin de la publicidad en beneficio de otras empresas como son las cadenas de televisión privadas.
 
“Decíamos, en el momento de la promulgación de la Ley, que esta medida era un despropósito, era injusta y que su tramitación, con carácter de urgencia y sin escuchar al sector, era un procedimiento totalmente equivocado y fuera de las normas habituales en la elaboración de leyes de este tipo”, concluyó Pérez.