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Extremadura cubre el 90% de la Ley 11/2007 de e-Administración

La Junta de Extremadura ha finalizado un proyecto de Consultoría para conocer el grado de cumplimiento de la ley 11/2007 de acceso electrónico a los Servicios Públicos, la normativa que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y que regula la utilización de las tecnologías de la información tanto en la actividad administrativa, como en las relaciones que establecen las distintas Administraciones entre sí y con los ciudadanos.

Cibersur.com | 03/03/2010 13:24
El trabajo de consultoría realizado por Sadiel ha consistido en analizar el estado actual de desarrollo de la normativa, analizar el grado de adaptación a la ley de los sistemas ya implantados por el Gobierno extremeño y proponer los canales y vías de actuación más adecuados para situar a Extremadura a la vanguardia de la administración electrónica, en materias como gestión de expedientes, identificación electrónica, interoperabilidad, o archivo, entre otras.  

Las conclusiones del estudio recogen que la plataforma de e-administración desarrollada por la Junta de Extremadura cubre los requisitos de la ley en casi un 90% y con algunas mejoras ya en curso permitirá a Extremadura el cumplimiento en su totalidad situándose a la cabeza de la e-administración.

Como punto a mejorar la consultoría refleja la necesidad de extender esta plataforma al resto de procedimientos administrativos y la integración con otros sistemas existentes.

Este diagnóstico servirá a la administración extremeña como herramienta para planificar las intervenciones que en materia de procedimientos y de e-Administración son necesarios para adaptarse al actual marco legislativo. En opinión del Director General de Administración Electrónica y Evaluación de las Políticas Públicas de la Junta de Extremadura, Jaime Gragera Rodríguez, “este trabajo responde a la apuesta de la Junta de Extremadura en la búsqueda de la mejora continua en los servicios públicos electrónicos ofrecidos al ciudadano y al aseguramiento de todas las garantías jurídicas que se establecen en las distintas normas de aplicación a la Administración Electrónica”.  

Para Margarita López, directora de AAPP de Sadiel, “este trabajo marca las pautas a seguir en los próximos años para el desarrollo integral de la Ley y es una valiosa herramienta para detectar fortalezas y puntos a mejorar”.


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