España, líder en software para la e-Administración

Según el informe 'EGoverment Readiness' de Naciones Unidas, España ha logrado situarse en el noveno puesto a nivel mundial en materia de Administración Electrónica. De este modo, España ha avanzado once posiciones en este ranking durante el año 2009, hecho que también ha llevado al estado español a colocarse como quinto país de Europa y el líder de los países del sur del continente.

Al respecto, y tras conocerse los datos, la Vicepresidenta Primera, Teresa Fernández de la Vega, en el Consejo de Ministros del pasado 8 de enero, dijo que a día de hoy ya se puede acceder a través de medios electrónicos al 96,4% de los trámites de la Administración General del Estado. De ellos, más de 2000 (84 % del total) son los procedimientos administrativos más utilizados por los ciudadanos.

Esto demuestra la necesidad del software para soportar todos estos servicios, y la competencia que existe para dar plataformas e infraestructura para el desarrollo de los mismos. Por ello existe una guerra al respecto entre las corrientes de desarrollo en la actualidad, ya que siguen existiendo conflictos entre los promotores del código abierto y los creyentes en el software propietario.

El movimiento más reciente de los defensores del este último es la publicación de la lista ’Special 301’ que elabora la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual estadounidense (IIPA), y que hace un ranking de países donde consideran que no se protege lo suficiente el copyright.

Esa lista, donde figura España junto a otros países como Brasil, India o Indonesia, es un mecanismo de presión para intentar que los gobiernos cambien su estrategia y abandonen las ideas del Software Libre. En el documento recién lanzado se habla del SL como un elemento que ha debilitado a la industria del software, generando la consiguiente desconfianza que pretenden los impulsores de la IIPA, con su particular "lista negra".

Así, el grupo de presión de los derechos de propiedad intelectual, declara que estas políticas menoscaban la competitividad a largo plazo, al establecer una preferencia artificial por quienes desarrollan sobre código abierto y, a su vez, negar a compañías legítimas el acceso a un mercado tan importante como el de Administraciones Públicas.

SL y costes

Las administraciones en general, y las españolas en concreto, han tomado el rumbo hacia el código abierto, entre otras cosas por el sensible ahorro de costes. Y es que los modelos españoles suenan más allá de nuestras fronteras, calando incluso en sitios complejos como el Reino Unido.

El estado británico se ha mostrado favorable a la adopción de Software Libre, como principal arma para ahorrar dinero de los contribuyentes, y su clara referencia es el ejemplo español, que se encuentra a la cabeza de Europa por uso de SL en la administración.

Asimismo, en Canadá se lanzó recientemente una consulta pública ciudadana sobre la posibilidad de implantar el código abierto en el funcionamiento de la administración del país norteamericano, La búsqueda de "licencias sin cargo", como vienen denominadas en la consulta realizada, deja bien claro que el abaratamiento de los costes es una prioridad.

Y es que mientras en algunos países, por sobre costes en licencia, se están aparcando algunos proyectos de mejora en el funcionamiento de la administración, en España seguimos encontrando algunos proyectos destacables. Dentro de Andalucía, que también es la comunidad de referencia en materia de e-Administración, se ha lanzado recientemente un nuevo sistema que posibilita la interconexión informática de todos los juzgados andaluces.

Parala Justicia de una región tan grande como Andalucía, este sistema supone un importante avance, que permite por el momento a 64 juzgados de lo Penal, acceder a una base de datos de consulta de personas y entidades inmersas en procedimientos.

La nueva solución informática mejorará la gestión procesal a través de buscadores de personas o entidades por todos o por cualquiera de los campos (nombre, apellidos, DNI, razón social), en el que se mostrarán los asuntos en los que se encuentra inmersa el implicado en el proceso.