La Administración Pública se retrasa en la implantación de la Factura Electrónica

SERES ha realizado el primer estudio sobre la implantación de la Factura Electrónica (FE) en la Administración Pública española. Según los datos recogidos, hasta el 31 de agosto de 2010 durante seis meses, sólo el 40% de las 286 entidades administrativas estudiadas, en las que se incluyen capitales de provincia, ayuntamientos de las provincias donde se encuentran las capitales autonómicas, Comunidades Autónomas y Ministerios, hacen uso de la FE, o tienen previsión de hacerlo próximamente. Frente a un 59, 84%, que no la utiliza o no tiene previsión de hacerlo.

Así, la Administración Pública (AA.DD.) se retrasa en la implementación de la FE, con más de la mitad de sus instituciones fuera de ella, a dos días de que se cumpla la suma de plazos, el próximo 30 de octubre, de puesta en marcha de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, donde se establece que “el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de extensión”. Alberto Redondo, director de Marketing y Canal de SERES, dice: “Con este estudio queríamos saber cuál es el grado de implantación de la Factura Electrónica en la Administración Pública española. Ésta, las empresas usuarias actuales y los proveedores de tecnología han apostado con gran fuerza para crear un entorno que ahorre costes y que mejore la gestión B2A y B2B. Los datos muestran una situación mejor de la esperada, aunque insuficiente para el esfuerzo realizado. Aún así, tiene por delante camino por andar para implementar totalmente la facturación electrónica”.

Según este estudio, un 37% de las comunidades autónomas ya cuentan con un sistema para que sus proveedores puedan emitir factura electrónica. Junto con el 26% de entidades que van a poner en marcha a corto plazo la e-factura muestra que más del 60% de las comunidades autónomas están o van a estar en poco tiempo dispuestas a recibir e-facturas.

Los proyectos puestos en marcha en las diferentes comunidades autonómicas en algunos casos cubren también las necesidades de poblaciones y municipios anexos a su zona. El mejor ejemplo es el servicio “e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes” del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) en Cataluña que ha facilitado el paso a la e-factura a numerosas entidades locales.

Según el estudio sólo el 7% de la administración local es apta para trabajar con factura electrónica. De los 251 ayuntamientos encuestados la alarmante cifra del 86% no usan la FE todavía, si bien dentro de ese porcentaje hay matices. Un 57% del total no usa la factura electrónica ni tiene proyecto para su implantación. Por otro lado, un 19% del total, aunque no usa la FE, tiene el proyecto en desarrollo de implantación o implantado ya por completo; y un 9% tiene el proyecto entre sus previsiones.

La Rioja se sitúa a la cabeza en el uso de la FE al contar con el mayor porcentaje de ayuntamientos que pueden facturar telemáticamente, con un 20% de implantación, seguida de Cataluña, con un 19%; Cantabria con un 15% y la Comunidad de Madrid, con un 14%. En el lado opuesto, hay comunidades como Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, en las que casi ninguno de los ayuntamientos encuestados usaba la FE. Algunas de estas últimas autonomías son también las que tienen el porcentaje más elevado de ayuntamientos que ni usan la factura electrónica ni tienen proyecto: el País Vasco lidera esta lista con un porcentaje del 87%, seguido por Asturias (85%), Castilla y León (78%) y Galicia (77%).

Esta diferencia se explica gracias a la matización en las encuestas sobre el estado de los proyectos. Gracias a ello, se sabe que comunidades como Madrid, que aunque no tiene el mayor índice de ayuntamientos con la facturación electrónica implantada, más de la mitad de los ayuntamientos (52%) están desarrollando el proyecto o lo tienen totalmente instalado. Otras comunidades con resultados similares son los dos archipiélagos Canarias (45%) y Baleares (41%).