La licitación electrónica se duplica entre las Administraciones Públicas españolas

Este fuerte crecimiento se debe tanto a los importantes ahorros que este método de contratación ofrece a las Administraciones Públicas bajo el actual contexto de austeridad económica, como a las ventajas que comporta en materia de acceso a los concursos por parte de los proveedores, y muy especialmente, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Así, entre quienes se han sumado a la contratación por vía electrónica a lo largo de estos primeros seis meses del año se encuentran importantes instituciones como la Diputación de Burgos o el Concello de Vigo, a los que se les suman hospitales, universidades, empresas públicas y otras organizaciones que conforman el grueso del sector público en nuestro país.

Además, la implantación de la licitación electrónica facilita el acceso de los proveedores a los concursos públicos, lo que aumenta la probabilidad de recibir mejores ofertas, hasta el punto de traer consigo unos ahorros medios de en torno al 6% frente a los modelos de licitación tradicionales.

No obstante, esta cifra puede variar en función de la naturaleza de la operación, por lo que en determinados campos caracterizados por su elevado nivel de contratación, como el sector sanitario, el recorte potencial del gasto se dispara incluso a niveles superiores al 10%.

Las Administraciones Públicas españolas empiezan a sumarse progresivamente a las iniciativas que la UE está impulsando en este sentido, tal y como estableció en su 'Libro Verde de la licitación electrónica', según el cual la mitad del sector público europeo debería aprovechar ya las ventajas de esta modalidad de contratación.

Beneficios para los proveedores

Más allá de las ventajas que la licitación electrónica ofrece a las propias Administraciones Públicas, los proveedores se ven también beneficiados por el impulso de esta modalidad de contratación, ya que les facilita el acceso a todo tipo de concursos independientemente de las fronteras físicas, agilizando y abaratando los procesos y controlando en todo momento la apertura y el cierre de plazos.

Estas circunstancias son especialmente favorables para las empresas que cuentan con menos recursos y personal, que ven así aumentadas sus posibilidades de acceder a nuevas vías de negocio en el sector público. En la actualidad las pymes se adjudican menos de la cuarta parte del valor total de los contratos en España, lo que supone una participación un 42% inferior a la que les correspondería en función de su peso real en nuestra economía.