Cibersur.com | 05/10/2011 16:56
En España existen en la actualidad varios procesos abiertos contra este tipo de aplicaciones usadas en el sector de la informática y la telefonía. El gobierno español ha iniciado un procedimiento sancionador contra Google, que podría suponer multas de hasta 600.000 euros si se comprobará que vulneró la citada Ley de Protección de datos, al captar sin autorización datos personales en las redes abiertas de Wifi de ciudadanos españoles a través de su servicio Street View, y en un juzgado de Madrid, se citó el año pasado al representante de Google en España, a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, por este mismo tema.
El marco legal para la protección del derecho a la intimidad de las personas, se encuentra en la Constitución española, donde se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derecho. Este precepto constitucional se relaciona con el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal del Consejo de Europa, y la Ley de Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Europa se pronunciaEn muchos países europeos se ha puesto en tela de juicio la legalidad de estas aplicaciones, abriendo en muchos casos procedimientos legales y sancionatorios contra Google y su herramienta Street View, una de las aplicaciones de geolocalización más populares.
En Francia, la Comisión Nacional de las Libertades Civiles e Informáticas determinó que Google, por medio de su aplicación Google Street, había recolectado más información de la que era necesaria para el correcto funcionamiento del Servicio, obligándole al pago de 100.000 euros como sanción.
En Italia los vehículos de Google deben ser identificados de forma clara y visible, para que todos los ciudadanos puedan saber dónde están operando y así tomar las precauciones que crean convenientes. Además, Google debe anunciar, al menos en dos periódicos locales, con un mínimo de tres días de antelación, la ruta que seguirán los vehículos que realizarán las fotografías.
En Suiza se obliga a difuminar cara y matrículas. En Reino Unido, se investigó si Google violó las normas de privacidad cuando recogía las imágenes e información para su servicio Street View y se le instó a la destrucción de los datos recogidos. Por último, en Alemania se han interpuesto más de 200.000 denuncias por un delito de intromisión a la vida privada, sin permiso ni aviso previo alguno de la empresa.
Argumentos de las empresasEntre las muchas ventajas que pueden aportar al usuario dichas herramientas, Antonio López de Sagredo, de Balms Abogados afirma que “se encuentran en el sentido opuesto, la lesión o intromisión al Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los ciudadanos”. El principal argumento de los detractores de estas aplicaciones, es que las imágenes obtenidas son publicadas sin el consentimiento de las personas que aparecen. Por otro lado las empresas, para rebatir este supuesto atentado contra la intimidad de las personas, afirman que todas las imágenes se obtienen en la vía pública y, en el caso de Google, se dará próximamente la oportunidad de rechazar que su conexión wifi sea utilizada para ajustar sus servicios de geolocalización.