Patronal
Asimelec intensifica la lucha contra el fraude
ASIMELEC, patronal que agrupa a las empresas españolas de tecnologías de la información, electrónica y comunicaciones, está decidida a aumentar su colaboración y apoyo en la lucha contra el fraude del IVA y otras tramas organizadas, conocidas como carrusel o trucha, reimpulsando el acuerdo que firmara en 2006 con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Cibersur.com | 27/12/2010 12:59
El objetivo de este acuerdo es fortalecer la lucha contra el fraude en los sectores de la telefonía móvil, el hardware informático, todo tipo de software, los dispositivos electrónicos y los soportes digitales de grabación, intensificando la colaboración y el intercambio de información, a través del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, para detectar y minimizar las conductas fraudulen-tas.
La colaboración de las empresas del sector TIC con el plan público contra el fraude fiscal y el cruce de datos de las distintas administraciones públicas reducirán estas conductas e incrementarán la recaudación fiscal de las arcas del Estado.
ASIMELEC actúa en defensa de sus asociados intentando reducir prácticas ilícitas y de competencia desleal. El Grupo de trabajo antifraude, creado en septiembre de 2010, forma parte de la estrategia de la Patronal para luchar contra estos procedimientos fuera de la ley. Este grupo recoge e investiga toda la información que recibe de los socios para enviar un análisis exhaustivo a las autoridades, dentro de las líneas maestras del acuerdo firmado.
Dentro de la lucha contra el fraude y la competencia desleal, ASIMELEC intensifica también su acuerdo con BSA (Business Software Aliance). Ambas entidades esperan un mejor desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país, promocionando el uso de software original, que permite el correcto funcionamiento de las aplicaciones, además de disponer del soporte técnico del fabricante.
El uso ilegal de software constituye una barrera para la adopción plena de las tecnologías de la información en las empresas y entre los usuarios, y repercute en la pérdida directa de puestos de trabajo de alta cualificación. Además, ralentiza el avance en la profesionalización al ser una competencia desleal difícil de combatir.